ANULA DECISIÓN QUE EXONERÓ A WESSIN CHÁVEZ Y A OTRAS DOS PERSONAS DE RESPONSABILIDAD PENAL
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo
Con el voto disidente de la magistrada Doris Pujols Ortiz, los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la decisión que exoneraba de responsabilidad penal al exadministrador de Bienes Nacionales, Elías Wessin Chávez y dos a exfuncionarios más de ese organismo, acusados de la comisión de presuntos actos de corrupción por un monto de RD$157 millones.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñoz, e integrado por Mariana Daneira García, en ese sentido dictó auto de apertura a juicio en contra de Wessin Chávez, Elvin Leonor Arias Morbán y José Jacobo de León Garrido, estos dos últimos tenían las funciones de subdirector general y supervisor del Área Financiera y encargado de la Dirección de Subasta.
Los imputados ahora deberán responder en un juicio de fondo por los cargos de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores durante el ejercicio de una función pública, al tener ellos calidad de funcionarios estatales.
La lectura del fallo de la sentencia estaba pautada para ser leída a la 11:00 de mañana, y no fue sino a la 2:00 de la tarde que se inicio dicha lectura. Previo a la lectura se marcharon los abogados de Wessin Chávez, los doctores Abel Rodríguez del Orbe y Marino Feliz Rodríguez.
Mientras que dentro del tribunal y fuera se encontraban decenas de dirigentes, simpatizantes del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), así como de familiares y amigos que fueron a darle apoyo a Wessin Chávez.
Los jueces adoptaron la decisión, tras acoger un recurso de apelación interpuesto por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, representado por la directora de la Procuraduría Especializa de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier.
El tribunal, al tomar la decisión, revocó la resolución 709-2013 del pasado 2 de agosto, dictado por la jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción, Kenya Romero, mediante el cual emitió un auto de no ha lugar a favor de los imputados, al considerar que las pruebas presentadas no fueron suficientes para demostrar la probable existencia de los crímenes de desfalco, prevaricación y asociación de malhechores en Bienes Nacionales.
En la sentencia los jueces alegaron que la acusación presentada en contra de los imputados por parte del ministerio público tiene fundamento para justificar la probabilidad de una condena en contra de los encartados.
Asimismo, el tribunal excluyó las declaraciones de los testigos Luis Antonio Peguero Cabrera, Aida Elizabeth Mireya Almánzar, Jhoan Manuel Serra y Rosa Eduviges Rodríguez, aportadas por el ministerio público, además de admitir todas las pruebas aportadas por la parte acusadora y de la defensa técnica de los imputados.
Los jueces, en su sentencia, dispusieron además que el expediente fuera enviado por ante la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, a los fines de que designe uno de los Tribunales Colegiados de los cuatros que existe en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para que conozca el presente proceso.
El tribunal convino a las partes vinculadas en el proceso para que una vez apoderado el tribunal que conocerá el juicio de fondo, procedan conforme es de ley, al tiempo que identifico como parte del proceso a los imputados y al ministerio publico.
El ministerio público le atribuye a los acusados haber malversado RD$19,311,540.00 en pagos de dietas, gastos de representación y usar vehículos de motor en su provecho.
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