SANTO DOMINGO.- Luego de nueve años de absoluta impunidad en materia de corrupción administrativa, ya son cuatro los alcaldes del país que en los últimos tres meses han sido suspendidos de sus cargos y condenados a medidas de coerción por la comisión de diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Los funcionarios que han tenido que abandonar sus cómodos despachos edilicios para alojarse en precarias celdas del sistema carcelario del país, son el alcalde del Distrito Municipal de Cabarete, Gregorio Antonio Mora Ramírez, conocido como Canoa; el alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames Bautista, alias Tony con El Pueblo; el alcalde de Las Terrenas, José Alexis Martínez; y el alcalde de San Francisco de Macorís, Felix Manuel Rodríguez.
Mientras que en los corrillos judiciales se adelanta que los próximos judiciables serán el director del Distrito Municipal de Santa Lucía, provincia de El Seibo, Jossan Capell, acusado de malversar más de 30 millones de pesos; y el poderoso alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, quien de acuerdo a una auditoría de la Cámara de Cuentas realizó pagos indebidos por 75 millones de pesos, entre otras irregularidades.
El expediente contra Esmérito antonio Salcedo Gavilán, verdadero nombre del ejecutivo municipal capitaleño, incluye el pagó de 45 mil toneladas de basura que no aparecen depositadas en el Vertedero de Duquesa.
La auditoría sobre el manejo de la basura en el Distrito Nacional fue realizada a solicitud de los regidores Waldys Taveras y Consuelo Despradel, del Partido Revolucionario Dominicano. Los datos aparecieron publicados en la página web de la Cámara de cuentas pero dos días después desaparecieron sin ninguna explicación.
Sin embargo, el regidor Taveras tiene en su poder la información sobre el informe de auditoría.
De acuerdo al informe, los auditores Cristian Díaz Pérez y Luis Paulino Sánchez comprobaron que durante el año 2011 fueron reportadas como recogidas 45,268 toneladas de basura que no ingresaron al relleno sanitario de duquesa y se realizaron pagos no justificados por 75.2 millones de pesos.
Una fuente de la Cámara de Cuentas hizo saber que el informe fue retirado de la página web del organismo fiscalizador debido a presiones del alcalde Salcedo, pero el expediente se conserva intacto para ser tramitado en cualquier momento al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), se indicó.
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