SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República obtuvo una orden de arresto contra el alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, por alegados actos de corrupción administrativa de más de 100 millones de pesos.
A través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que dirige la magistrada Laura Guerrero, también se solicitó orden de arresto contra Fior Daliza Genao Hernández, gerente financiera y tesorera del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, así como contra Jerson Nerys Lizardo Pérez, ex encargado de nómina de dicha alcaldía.
En una comunicación de prensa, Guerrero informó que las irregularidades, detectadas en un informe de la Cámara de Cuentas, incluyen falsedad de documentos, prevaricación, desfalco, abuso de confianza y asociación de malhechores.
Agrega que en una investigación realizada por el Ministerio Público se pudo comprobar que en el período comprendido de enero 2007 a noviembre 2011, en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, los imputados realizaron un fraude electrónico en la nómina del personal de dicha alcaldía, por un monto aproximado de 25 millones de pesos, cuya irregularidad fue reflejada por auditoría de la Cámara de Cuentas.
Entre las pruebas obtenidas tras las investigaciones del Ministerio Público se destaca que "hubo pagos realizados sin soportes justificativos de más de 8 millones de pesos según se observa en la página 75 del informe presentado por la Cámara de Cuentas, así como la falta de registro del pasivo de los compromisos contraídos con el Banco de Reservas para el pago de la regalía pascual de los empleados, ascendentes a un monto de 28 millones, de manera que transparente las amortizaciones mensuales aplicadas".
Igualmente, dice que el informe da cuenta de que no disponen de las tablas de amortizaciones de los préstamos para controlar los pagos mensuales durante el período entre 2007 al 2011. En ese mismo orden se hace constar en la página 28 las discrepancias extraídas del sistema de nóminas del cabildo y los pagos realizados por el banco, en los meses de julio 2010 a septiembre 2011, ascendiendo la diferencia a 11 millones 810 mil 927 pesos dominicanos.
La Procuraduría General de la República dice, además, que en el informe se refleja una diferencia entre registro de lo pagado y las afirmaciones a terceros en la página 84 de la auditoria, que hace constar que la Alcaldía pagó entre capital e intereses la suma de 28 millones 812 mil 936 durante el 2007 al 2011, reflejando una diferencia según las cuentas bancarias y las confirmaciones del Banco de Reservas, por un monto de 1 millón 496 mil 221 pesos dominicanos.
Otro de los puntos que se destacan a raíz de la investigación realizada por el Ministerio Público refiere que el informe de la cubicación número 9 de mayo del 2012 correspondiente al remozamiento del área externa del Mercado Municipal por un total acumulado de 12 millones 954 mil 902 pesos, confirmándose una diferencia entre los montos pagados y ejecutados, ascendentes a 518 mil pesos, en tanto que en la remodelación del área interna del mismo la diferencia asciende a 703 mil 592 pesos.
Igualmente hace referencia a otros montos en situaciones semejantes relacionadas con el remozamiento de la avenida Manuel Aurelio Tavares Justo (salida de Nagua hasta la entrada de Briquetas), que arroja una diferencia entre pagado y ejecutado de más de 950 mil pesos;
Otras irregularidades que la la PEPCA cita es la construcción de la escultura monumental, Icono de San Francisco de Macorís, en la que se observa diferencia entre pagado y ejecutado de más de un millón de pesos.
En informe legal de la Cámara de Cuentas, según el Ministerio Público, revela también que en los períodos auditados, la Alcaldía de San Francisco de Macorís reflejó una erogación de más de 5 millones de pesos a favor de empleados que no desempeñan funciones a beneficio de ese ayuntamiento.
"La entidad auditada emitió cheques duplicados a favor de diferentes beneficiarios por más de 800 mil pesos y pagos sin soporte por más de 8 millones de pesos entre el 2007 al 2011, entre otros movimientos y actos que en su totalidad, envuelven más de 100 millones de pesos malversados", concluye el comunicado de la Procuraduría General de la República.
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