Cuando se inició el sistema de pensiones en el 2001 se deseaba, a través de cuentas de capitalización individual, evitar el principal riesgo de los sistemas de “reparto” en el que las pensiones salen de los impuestos, siguiendo el modelo chileno.
Aunque un trabajador hubiera cotizado muchos años, en la práctica la decisión de pagarle la pensión prometida, completa, reposaría en la solidaridad (o no) de los votantes y gobernantes en el futuro.
Se deseaba eliminar al Estado como un riesgo para las pensiones de los trabajadores. Sin embargo, dado que el 72.7% de los fondos de las AFP están invertidos de forma directa o indirecta en instituciones públicas, esto es lo que está pasando.
En Chile, que es el ejemplo a seguir, en 1982 apenas el 40% del dinero de los trabajadores estaba invertido en títulos públicos. En el 2012, este monto apenas era el 20%.
Se argumenta que las AFP no tienen alternativas de dónde invertir. Si esto va a seguir así, el sistema de cuentas individuales no tiene razón de existir. Habría que considerar si no es más saludable dejar la totalidad del salario en manos de los trabajadores, y que cada uno decida qué hacer con su dinero.
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