El histórico pleito judicial evidencia dejadez de las autoridades y lucha de intereses económicos
Wander Santana
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| El vertedero de Duquesa tiene varios días encendido. |
SANTO DOMINGO.- La contaminación del vertedero de Duquesa no solo está en la basura. Las evidencias de corrupción en la venta de sus terrenos, así como las irregularidades en el cumplimiento de los contratos de administración de ese botadero, han mantenido enfrentados en los tribunales a la empresa Lajun Corporation y a las alcaldías del Gran Santo Domingo.
Aunque los conflictos legales en torno a los contratos de administración del vertedero venían planteándose desde antes de 2012, su punto más crítico fue en el año 2017, luego de una crisis que se generó cuando la empresa Lajun restringió, en varias ocasiones, el vertido de desechos sólidos a algunos cabildos de municipios del Gran Santo Domingo.
El 12 abril 2017, el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido en ese entonces por Francisco Domínguez Brito, intervino el vertedero. Utilizó el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) para garantizar el depósito de desechos sólidos y multó a Lajún al pago de 16 millones de pesos por violaciones a la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00.
Negligencias estatales
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| El humo de Duquesa afecta a los residentes del Gran Santo Domingo. ( ) |
Sin embargo, tras la intervención del Ministerio de Medio Ambiente en el vertedero, las fricciones se intensificaron. Lajun aseguraba ser la propietaria de las 1,392 tareas del terreno de Duquesa y alegaba que tenía los títulos de propiedad, por los cuales le habría pagado 82 millones de pesos al Consejo Estatal del Azúcar (CEA). En cambio, la Alcaldía de Santo Domingo Norte aseguraba que los terrenos eran del Estado dominicano.
Es en esas circunstancias que, en abril del 2017, el presidente de la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados, Héctor Feliz Feliz, afirmó ante la opinión pública que los terrenos ocupados por el vertedero de Duquesa fueron vendidos a la empresa Lajun Corporation por el CEA, pero sin la aprobación del Congreso Nacional, lo que hace la venta irregular.
Más adelante salió a relucir que las firmas de Congreso que le otorgan a Lajún los terrenos no son legales y se hicieron en una fecha en la cual no había legislatura.
Ese mismo mes, la Procuraduría General de la República informó que realizaba investigaciones para determinar con precisión la legalidad de los documentos que aluden las partes intervinientes en los terrenos del vertedero de Duquesa y cómo la empresa Lajun Corporation tomó posesión de las 1,392 tareas que ocupa esa instalación. Sin embargo, no accionó.
Pero el entonces alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, no se quedó de brazos cruzados. Interpuso un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), el cual emitió una medida cautelar en septiembre 2017, quitando la administración a Lajun Corporation y designando una comisión provisional.
La decisión fue tomada por el juez Rafael Vásquez Goico, quien dispuso que la comisión conformada por el Ministerio de Medio Ambiente, que la lideraba, Salud Pública y la Alcaldía de Santo Domingo Norte también debía velar por salvaguardar la integridad del objeto del recurso administrativo principal. Esa comisión sigue administrando el vertedero actualmente.
Litigio internacional
No conformes con la decisión judicial en su contra, en diciembre del 2017, uno de los inversionistas de Lajun Corporation, Michael Lee-Chin, notificó al gobierno dominicano un aviso de controversia de una demanda internacional, tras considerar que fue objeto de expropiación ilegal de sus inversiones en el vertedero de Duquesa.
En la notificación, Lee-Chin, de nacionalidad jamaiquina, establecía que el gobierno dominicano violó el Anexo III del Acuerdo de Libre Comercio de la Comunidad del Caribe (Caricom), por lo que reclamó una indemnización de 300 millones de dólares.
El acto habría sido notificado al presidente Danilo Medina, al procurador general de la República, al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y a la Contraloría General, a través de la oficina de abogados Hogan Lovells LLP de EE.UU, con sede en Miami, Florida, representada por Richard C. Lorenzo, según datos publicados en la prensa local.
La información explicaba que los accionistas de Lajun son un 50% Nagelo Enterprises, SA, una entidad de Panamá, y el 50% Wilkison Company, SRL, una entidad dominicana. Wilkinson Company es representada por Luis José Asilis y Nagelo Enterprises por Lee-Chin.
CEA y falta de interés
Pero en el país, el litigio no se detuvo. En enero del 2018, el CEA interpuso una demanda por la titulación de los terrenos que no pudo sostener, debido a que no citó a los inversionistas de Lajun Corporation, establecen recortes de prensa.
Por tales razones y tras la cancelación de diez audiencias en el Tribunal Superior de Tierras, la corte informó, en septiembre de 2019, que había falta de interés por la parte demandante (CEA) y declaró inadmisible la demanda en contra de Lajun Corporation.
Luego, en enero de este año, el presidente Danilo Medina mediante el decreto 21-20, establece una comisión para preparar el cierre técnico del vertedero y planificar la construcción de un relleno sanitario en el terreno, cuya litis no ha quedado resulta del todo.
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