Dentro de las imputaciones al magistrado Molina figuran la desviación y transferencia irregular de RD$1,000 millones de los fondos de pensiones de servidores judiciales y de haber manejado RD$2,700 millones al margen de la Constitución y el reglamento de control interno aprobado por el CPJ, así como el manejo discrecional de RD$700 millones para un consejo “réplica” del CPJ.
Recio Tineo, representante de los jueces de paz ante el CPJ, llevó la denuncia ayer a la Procuraduría General de la República en compañía de su abogado Miguel Surum Hernández, quien también preside el Colegio de Abogados.
En el documento legal, Recio Tineo acusa al presidente de la SCJ de prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder y desfalco en perjuicio del Poder Judicial.
En cuanto a la remoción de personal del sistema judicial, el consejero Recio Tineo sostiene que los afectados no habían cometido faltas y que era “abusivo, arbitrario e inconstitucional” que estos fueran cancelados sin que se les explicaran los motivos.
También denunció el incumplimiento del manual salarial que aprobó el Consejo del Poder Judicial.
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