Por R. A.
Ambos juristas aseguraron que el convenio, que se aplicará en principio en el aeropuerto internacional de Punta Cana (AIPC), no es inconstitucional ni lacera la soberanía nacional, como afirman cuatro ex-magistrados del Tribunal Constitucional, precisaron en un comunicado de prensa.
Rodríguez Huerta y Perdomo Cordero coincidieron en avalar el acuerdo entre los dos países para que los pasajeros que viajen a ese país desde aeropuertos dominicanos puedan pasar los controles migratorio y de aduanas al salir del país y no a su llegada a Estados Unidos.
Los juristas consideraron que el convenio no es inconstitucional y, por tanto, no amenaza la soberanía nacional, y por el contrario –aseguraron-beneficiará al turismo y a la seguridad de Estados Unidos y República Dominicana.
Particularmente, Perdomo Cordero enfatizó que el acuerdo no viola la Constitución por tratarse solo de trasladar a los aeropuertos dominicanos un proceso administrativo que se hace en las terminales aéreas estadounidenses.
“De ninguna manera disminuye la facultad del Estado dominicano en las áreas de prechequeo, ni cede sus atribuciones a los Estados Unidos. No implica cesión de la ley dominicana, porque a nuestro entender, las zonas de preautorización aduanal no tendrán estatus de soberanía americana ya que, por ejemplo, el artículo siete del tratado prevé que en esa área aplican las leyes dominicanas”, precisó.
Por su lado, Rodríguez Huerta, entiende que el acuerdo de prechequeo aduanal es una iniciativa exclusiva del Gobierno dominicano para fortalecer las relaciones con Estados Unidos y es un mecanismo de compensación frente a la aparición de nuevos destinos turísticos y los problemas del sector por el COVID-19.
“La preautorización es una oportunidad para República Dominicana, sobre todo ahora donde el turismo está rezagado frente a otros sectores y donde una parte importante de los visitantes extranjeros proceden de ese país”, aseguró.
Tras valorar las ventajas que el convenio de prechequeo para viajes aéreos RD-EUA, tendrá en materia de seguridad aeroportuaria, los juristas consideran que se inscribe en un contexto de globalización, en un mundo interconectado y con permanentes movimientos de personas, lo que exige una estrecha colaboración entre países para abordar numerosos desafíos y amenazas como la delincuencia organizada y el terrorismo.
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