Ángel Lockward
Esta Casa del Pueblo se queja del bajo presupuesto, que la mayoría – sobre todo los pequeños - usa en pago de nómina y dietas a los regidores, algunas desproporcionadas y escandalosas – mayores que las de los diputados.
Pero, incluso en estos casos esos ingresos, no compensan los gastos millonarios de campaña para lograr un asiento en el Concejo: La democratización de una labor que era honorífica ha resultado un desastre agravado por la excesiva atomización municipal que de 77 municipios ha pasado a 158 y 254 distritos municipales, toda una locura.
La Carta Política le concede autonomía, personería jurídica como ente de derecho público y establece su organización con el Concejo como órgano normativo, reglamentario y de fiscalización y la Alcaldía como ejecutivo y administrativo: Está a pesar de estar desarrollada en una ley, es la primera piedra de tropiezo porque lo frecuente es que el Concejo interfiera ilícitamente en las labores ejecutivas del Alcalde, por ignorancia o por “la necesidad de búsqueda”.
Hay desde luego ayuntamientos que se manejan mejor que otros, en muchos de los cuales se impone la autoridad política o la capacidad de negociación del ejecutivo municipal, pero eso no es lo frecuente: la Norma es la coexistencia de trueque ilícito en desmedro de los servicios o el patrimonio municipal.
Desde luego que hay regidores serios, pero la mayoría de esos carecen de conocimiento de la normativa municipal y, en muchos la regla previa al conocimiento de cualquier proyecto es: ¿Y qué e lo que hay pamí ahí?
Eso aplica a proyectos residenciales, industriales, turísticos, comerciales, permisos de estaciones de combustible, subastas, arrendamiento o venta de terrenos municipales y, a toda actividad: El usuario que no responde bien – en efectivo – puede sufrir dos sanciones, el olvido de su expediente o su rechazo: No importa que el Presidente de la República trace como línea de política pública esencial del Estado la “ventanilla única” y la celeridad en los proyectos, el país se para en los cabildos.
Desde luego que, los Concejales no saben que el usuario puede acudir a la Jurisdicción Contenciosa, a los fines e romper la inactividad administrativa antijurídica que se denomina silencio administrativo e incluso, demandarlos personalmente en daños y perjuicios, pues la Responsabilidad patrimonial del cabildo y de sus funcionarios está consagrada en el artículo 148 de la Constitución y se desarrolla a partir del artículo 57 en la Ley sobre los derechos de las personas: Lástima que los alcaldes y regidores electos en el 2020 por la Pandemia no han tenido la oportunidad, como sus antecesores, de recibir entrenamiento en esa ley, ni en ninguna otra, incluyendo la 176-07 y, ese es parte del problema que debe atender FEDOMU, porque a la Liga Municipal, para sacar a Amable Aristy de la Secretaria, hubo que dejarla sin funciones y sin presupuesto: No existe para ningún fin útil.
La ignorancia – de los honestos – es tal que la mayoría no saben que repartir en contratos de arrendamiento las áreas verdes es un delito que conlleva no solo prisión, sino que incluye la degradación cívica, por eso lo hacen en sesiones públicas, al término de las cuales – al salir - más de uno inquiere al líder de las negociaciones en cada caso: ¿Y lo mío?
En gran medida, en relación con los permisos el problema deriva del hecho de que los Concejos no cumplen con su responsabilidad de reglamentar, puesto que el 80% de las “dificultades” se dan porque no tienen aprobados planes de ordenamiento territorial: Esa falta del Concejo es la puerta del chantaje que padecen empresarios y simples ciudadanos en todo el país, puesto que si el uso del suelo estuviera reglamentado los permisos no tendrían que ir a Concejo, los daría el Alcalde y su Departamento de Planeamiento, que son los autorizados por las leyes. Pero se acabaría “la cogioca”.
Hay casos en que en “la búsqueda” los nuevos ediles han revocado permisos de estaciones – que es el principal filete – ya ejecutados violando el principio de continuidad del Estado, de ejecutoriedad de los actos administrativos, el derecho de defensa y el de seguridad jurídica: Desde luego que, si la Cámara de Cuentas, la Fiscalía correspondiente a la provincia desean algún ejemplo particular, se lo puedo suministrar. Igual al Presidente de la República por su empeño en que funcione la ventanilla única y porque hay ayuntamientos de todos los partidos en este jueguito: PRM, PLD y FP.
Empero insisto en que hay buenos alcaldes y regidores en múltiples ayuntamientos, que si estuvieran entrenados, controlarían mejor a sus pares despotricados brindando un mejor servicio a sus comunidades: De hecho, rezarían mejor a la Virgen de La Altagracia en Higüey.
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