Los 15 mandatos sin precedentes anunciados por el presidente Luis Abinader, necesariamente tendrá que reducir el desasosiego ciudadano en torno a la masiva y amenazante migración irregular desde Haití. A su vez, el fin de semana aumentaron a más de 500 los ilegales detenidos por la Dirección de Migración, en el segundo operativo efectuado en menos de un año en El Hoyo de Friusa y Mata Mosquito, en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.
¿Se está pareciendo la República Dominicana a Puerto Príncipe con la arrabalización de sus calles y parques? ¿Sancionaremos con más dureza a ese estamento militar corrupto e indolente apostado en la frontera?, y ¿Endureceremos la ley contra los reclutadores, o negociantes de trata negrera, que con facilidad son libertados por la Justicia?
¿Se decidirán los empresarios agrícolas y de la construcción por disminuir el mercantilismo que desplaza a los dominicanos del empleo y el comercio, y subvierte los valores de la identidad cultural o dominicanidad?
¿Se continuará contratando haitianos en la construcción, con el argumento de que los dominicanos no quieren trabajar, sin referirse a “las pagas miserables e indignantes”?
¿Se unirán a la causa patriótica los expresidentes que suscribieron acuerdos interestatales para la de ilegales y que claudicaron ante las ofertas de financiamiento internacional, las amenazas de retiro de las ya existentes y por los temores a las condenas exteriores?
Las muy audaces disposiciones del jefe de Estado para evitar que las bandas haitianas penetren a territorio nacional merecen respaldo, con la esperanza de que los operativos militares sean extendidos a otros espacios físicos donde, con el autochantaje de anteriores mandatarios, se estableceron ghettos o una minoría étnica, que exigirán supuestos derechos adquiridos, como ocurrió en 1929 y 1935.
Más que protestas con espectacularidad politiquera, en esta emergencia por la anochecida ingobernabilidad y la tenebrosa violencia en Haití, han de reinar las proposiciones y la unidad. La perentoriedad radica en la protección de la soberanía, y no en el individualista pedazo de lenteja, el partidismo, el gobiernismo y ni en el ciego internacionalismo humanitario.
Mientras llegan las tan imperiosas modificaciones, para detener la invasión pacífica y sacar a los ilegales, el Estado está compelido a cumplir tanto la Ley 284-05 sobre Migración como la Ley 137-03 sobre Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Por igual, las entidades de la sociedad civil y grupos de presión ya no pueden seguir justificando la presencia foránea irregular.
Actuemos para salvar a la República forjada por Duarte. Como proclamó el presidente Abinader, esta es la hora de la unidad y la acción. Más que críticas, urge el pacto nacional para poner en ejecución las providencias anunciadas, sin ceder soberanía.
Oscar López Reyes
Miembro de Número del Instituto Duartiano.
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