Santo Domingo, D. N., 30 de septiembre del 2014.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, tildó al gobierno de indolente por la exclusión del proyecto de presupuesto 2015, de cientos de varias instituciones de la sociedad civil, recomendadas a esos fines por el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucros, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que de acuerdo a la ley 122-05, es el ente responsable de vigilar, supervisar a las organizaciones que desarrollan actividades para el fortalecimiento institucional, la inclusión social y la participación ciudadana.
Entre las organizaciones excluidas, que habían sido sometidas a la Dirección General de Presupuesto, DIGEPRE, por el Centro, se encuentran: la Fundación Justicia y Transparencia, FJT, la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, ASODECU, Circulo Juvenil de Prevención del Usos de Drogas, CIJUPD y la propia Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, lo que a juicio de la organización, le resulta sospechoso que coincidan entre las excluidas las que luchan contra la corrupción y las que se opusieron al establecimiento del impuesto a las compras por internet, por parte de la Dirección General de Aduanas, lo que evitaron con una acción de amparo, ante el Tribunal Superior Administrativo.
ADOCCO, lamentó que el gobierno del presidente Medina que ha venido enarbolando que cumple con la institucionalidad, haya violado olímpicamente la ley que establece el porcentaje que le debe asignar al Poder Judicial, que comprende a la judicatura y al ministerio publico, así como el porcentaje que le corresponde a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, que como dijera el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, que con la partida presupuestaria de RD$5,222 millones asignada para el 2015 no se pueden suplir las necesidades básicas de ese poder del Estado.
Quien manifestó lo siguiente: “A mí no me pueden exigir una Justicia de calidad en esas condiciones económicas, que estemos claros en eso, para que no nos engañemos”, que no se puede administrar el Poder Judicial en esas condiciones, al tiempo de argumentar que se necesita el doble del presupuesto actual para poder cumplir con las necesidades básicas y que el Poder Judicial no ha podido designar la mitad de los jueces de Paz que se necesitan a nivel nacional, por la carencia de recursos.
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