¿Cuáles límites? Los derechos que garantiza la Constitución. Particularmente el artículo 44 que dice: “Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley”.
Este es el límite a la libertad de opinión y expresión. Podemos expresar por cualquier vía nuestras opiniones sin censura, pero quien ataca el honor y la imagen de una persona, y al hacerlo difama o injuria, entonces la constitución dice que “está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley”.
¿Cuál ley? En los casos de difamación e injuria en una plataforma digital, se trata de un “delito de alta tecnología”, que desde 2007 esta tipificado y define la ley 53-07 aprobada en el 2007, que dice así: “Delito de Alta Tecnología: Aquellas conductas atentatorias a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relacionadas con los sistemas de información. Se entenderán comprendidos dentro de esta definición” los delitos indicados en los siguientes artículos:
Artículo 21.- Difamación. La difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.
Artículo 22.- Injuria Pública. La injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones, o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.
Dependiendo del salario mínimo que se considere solo la multa puede hasta superar los 5 millones de pesos; y un año en una de las inmundas cárceles dominicanas, es como para penarlo.
En nuestro medio, por el disgusto que existe por la descaradas y odiosas prácticas de corrupción que se producen en la administración de los recursos públicos, es usual encontrar en redes sociales todo tipo de ataques merecidos y no merecidos manchando la reputación de las personas, con o sin razón y sin aportar información.
Recientemente la fiscal Rosalba Ramos sostuvo que todos los años los delitos de alta tecnología se incrementan, y el año pasado, en medio de la pandemia, los casos se han elevado de manera significativa. Informó que, entre marzo y agosto en la Fiscalía del Distrito Nacional, se registraron más de 500 expedientes nuevos, cerca de un 60 % de los casos por estafas y un 20 % de difamación. También se presentaron denuncias de extorsión y obtención de fondos a través de transferencias ilícitas.
En los diarios cada vez con más frecuencia se publican informaciones sobre delitos de alta tecnología. La difamación y la injuria no son las más abundantes, pero es una advertencia que en 6 meses (marzo-agosto) del 2020 se presentaron más de 100 querellas por difamación e injuria.
Que personas con escasa formación den rienda suelta a su enojo y difamen en redes sociales, se puede entender, pero no que lo hagan quienes se presentan como periodistas. Es en este enfoque, que lo de Macarrulla es una señal a tomar en cuenta.
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