Oscar López Reyes.
Directivos de los sindicatos más fuertes se creían con más poder en las empresas que sus propios dueños por lo que, para evadir conflictividades e improductividades, estos despedían enseguida a quienes se proponen asociarse, quebrantando principios del Código Laboral. Por ser vistos con malos ojos, los pocos sindicatos que existen en la actualidad son entelequias, y esa tendencia se ha prolongado en el anclaje social.
La Carta Magna establece claramente, en su artículo 61, -atención médicos- el derecho a la salud y la accesibilidad a la asistencia médica y hospitalización gratuita a quienes la requieran, en tanto que en su artículo 63 se refiere al derecho a la educación -observación para los profesores-, a su acceso permanente al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.
Más. El artículo 147 de la Constitución dispone que los servicios públicos deben responder a los principios de accesibilidad y continuidad, mientras que el artículo 148 instituye la responsabilidad civil por daños y perjuicios por las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión.
Todavía más. Ya existe un precedente: la sentencia número 05-2017-0124 del Tribunal Constitucional, que confirma el dictamen de la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Barahona condenatoria de los paros de la ADP; juzga que el derecho a la educación está por encima del derecho a huelga, y que cuando los profesores no laboran privan a los niños de un derecho fundamental. Igual acontece con la salud.
El abandono y la inasistencia a clases o a los centros médicos y las huelgas recurrentes son una especie de anarcosindicalismo, que nació en Europa en la Primera Internacional de Trabajadores, liderada por Carlos Marx, Friedrich Engels y Mijaíl Bakunin. Esta teorética sustenta, dogmáticamente, la toma del poder desde los sindicatos de obreros fabriles, durante la Revolución Industrial, en el ocaso del siglo XIX. En ese encuadre, el sindicalismo revolucionario rechaza la colaboración de clases y se inclina por el antiestatismo.
El sindicalismo ha sido hecho un guiñapo, y empezó con la politización y la división entre izquierda y derecha del Frente Único Pro Sindicatos Autónomas (Fousa), fundado el 17 de septiembre de 1961. Después se fragmentaron la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Central General de Trabajadores (CGT).
En el tramo de 1970 y mediados de 1980, el Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad (Sitracode), el Sindicato Nacional de Trabajadores Telefónicos (SNTT), el Sindicato de Metaldom, el Sindicato de Trabajadores del Central Romana, el Sindicato de la Fábrica del Vidrio de San Cristóbal (Favidrio), el Sindicato de la Cervecería Nacional Dominicana y otros fueron destruidos y sus directivos cancelados en su intransigente lucha y en huelgas por los pactos colectivos, el fuero y la inamovilidad sindical, los aumentos salariales y los permisos para reuniones y asambleas en horas laborales. Como periodista cubrí esos acontecimientos, y reporté penurias.
A la fragmentación ideológico/política y el anarcosindicalismo se adicionan las irregularidades y la corrupción de los recursos financieros provenientes de Europa y Canadá, la utilización de los sindicatos por la izquierda como “correa de transmisión” para la transformación del capitalismo al socialismo, la represión política de la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer, el caudillismo autoritarista sin alternativa generacional, las disputas por mantener los cargos y el control de estos instrumentos para viajar al extranjero y devengar salarios y otros beneficios, las reformas económicas neoliberales y las nuevas tecnologías.
La ADP y el Colegio Médico se han inscrito como mercurialistas, anticonstitucionalistas y cómplices de la vagancia y las violaciones a los principios éticos, bajo el etiquetado de que entre bomberos no se pisan las mangueras. Veamos apenas tres titulares de Diario Libre y Hoy del 15 de noviembre de 2024: “Las huelgas de maestros cuestan al Estado 760 millones de pesos diarios”, según Educa, “Por no trabajar entre otras faltas maestros fueron destituidos” (348 solicitaron su cancelación y 279 separados), y el “CMD convoca a paro por 96 horas tras desacuerdo salarial”.
En esa estría delgada y engordada por el individualismo y la persistente interrupción de los servicios de salud y educación, ha empezado la cruzada de madres y padres de familias y otros ciudadanos pertenecientes a entidades representativas contra los que hacen sabotajes peores que a una línea eléctrica de alta tensión. También reclamarán que se profundicen investigaciones sobre las denuncias de burdos enriquecimientos de viejos directivos grupales, para que sean sometidos a la justicia; realizarán piquetes en centros educativos y médicos para acabar con el chantaje del arma sin fuego y todo ese forúnculo o esputo en el alma y el cuerpo de la sociedad dominicana.
El exceso anarcosindicalista de estos dos gremios – que usan sus poderes organizacionales para obtener objetivos particulares en detrimento de los más desvalidos- por una tarea difícil para el Gobierno, anormalidad que no ocurre en ninguna parte del mundo. Nadie está contabilizando el número de personas que mueren por negligencias y culpas de médicos, ni la responsabilidad de la ADP en las graves deficiencias en la formación de los escolares. Está llegando el instante en que los ciudadanos intensificarán sus actividades contra esos dirigentes, con movilizaciones y protestas frente a escuelas y hospitales, con pancartas en las redes, en los barrios y el vecindario. En parques quemarán sus figuras de cartón y trapos.
Los gremios citados no han aprendido de los movimientos sociales impulsados por las nuevas generaciones y la clase media, que no se han sobrepasado en la lucha, ni perjudicado a los más desamparados. Estas últimas consiguen mayor aceptación, en una sociedad eminentemente conservadora y empoderada. Ilustremos con solo tres ejemplos que han tenido éxitos con nuevos enfoques:
Primero, las protestas pacíficas en el 2009 de los moradores del distrito municipal de Gonzalo, en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, contra la instalación de una cementera en el parque nacional Los Haitises. Estos tuvieron un gran respaldo popular, y cosecharon un triunfo total, debido a que el Gobierno echó para atrás el proyecto.
Segundo, la Marcha Verde por el fin de la impunidad, convocada en el 2017 por organizaciones sociales, a raíz de la denuncia internacional de que funcionarios gubernamentales y legisladores habían recibido de la corporación brasileña Odebrecht aproximadamente 92 millones de dólares, en el período comprendido entre 2001 y 2014, para favorecerla con obras de construcciones estatales. Las masivas caminatas, piquetes, las cadenas humanas, encendidos de velas y manifestaciones en la Plaza de la Bandera y distintas avenidas -yo participé en todas- motorizó para que el Ministerio Público arrestara y presentara cargos contra más de una docena de personas.
Tercero, el reclamo del 4% para la educación frente al Palacio Nacional, el Congreso y otros espacios públicos exhibiendo objetos amarillos, conquistó la más amplia simpatía de los últimos años, y se estampó como un triunfo educativo.
Ante el cúmulo de carencias, que dan puntillazos a la inmensa mayoría, los grupos populares y políticos deben ser más creativos en el empleo de métodos que surtan resultados positivos. No sabemos a quién es que le conviene seguir efectuando huelgas, que muchas veces derivan en disturbios y solo sirven para empeorar la crisis, al margen de que individualmente consigan algunos chelitos, que poca cosa les van a resolver en comparación con el daño que hacen y que provocarían el rechazo incluso del alemán Rudolf Rocker, creador del anarcosindicalismo.
Cordialmente,
Oscar López Reyes
Periodista-mercadólogo, escritor y articulista de El Nacional,
Ex Presidente del Colegio Dominicano de Periodistas.
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