Por David R. Lorenzo.
La delincuencia es una realidad ineludible que no deja indiferente a nadie, porque los robos, asaltos, atracos, asesinatos y otros hechos vandálicos afectan personalmente nuestro bienestar y provocan miedo, pánico y a veces terror.
A pesar de eso, no es extraño ver en los medios de comunicación que una parte de los periodistas, comunicadores y otros opinólogos expresen todos sus sentimientos a favor de delincuentes, aún estos hayan cometido delitos y crímenes bochornosos.
La pasión los lleva a considerar que todos o casi todos los malhechores o presuntos malhechores muertos en enfrentamientos o intercambios de disparos con las autoridades no son el fruto de una actuación legítima de los agentes policiales, sino de ajusticiamientos, fusilamientos y otros abusos.
Por igual, muchos medios de comunicación, también se alinean por ese camino al llevar un conteo de los anti sociales muertos por la Policía, pero nunca o casi nunca de las víctimas que han sido asesinadas o atracadas, ni muchos menos de los agentes muertos o heridos en enfrentamientos.
También, los llamados comités de los derechos humanos por lo regular dan la impresión de que sólo defienden a los delincuentes, porque nunca o casi nunca se interesan por las víctimas civiles, policiales o militares.
Son criticados porque no conocen las casas de los ciudadanos y agentes militares o policiales víctimas de las delincuencias, ni de los hospitales donde son llevados, ni las funerarias donde son velados, ni de los cementerios donde son sepultados.
Cuando hay olas de atracos, robos y asesinatos, todo el mundo exige e implora que haya más vigilancia policial, que haya mayor persecución en contra de la delincuencia, que se apresen a los autores de esos hechos y que sean condenados ejemplarmente.
Pero, cuando un delincuente es abatido por la Policía, con justificación o sin ella, con excesos o sin excesos, surge un sector a criticar a los agentes actuantes al considerar que se incurrió con imprudencia y que lo que se ha cometido es un crimen. Así el malhechor pasa a ser de un verdugo de la sociedad, a una víctima del sistema.
También, se critica que la justicia está hecha para que los jueces liberen a los criminales por vencimiento del plazo procesal, falta de pruebas, no valorar las pruebas adecuadamente y por mala apreciación de los hechos, entre otras cosas, sin que tengan que pensar, ni tener remordimientos por los nuevos daños sociales que puedan causar estando en libertad.
No hay dudas que hay casos donde ocurren excesos de actuación policial, pero hay otros que no. También, es cierto que en la Policía hay matones, sicarios, y ladrones, pero también, hay honestos y humildes, como en todas las áreas de la sociedad.
El Presidente salvadoreño Nayib Bukele plantea su tesis, de que los detenidos pertenecientes a esas bandas, que califica como los más criminales y crueles del planeta, tienen derechos, pero tienen menos que los ciudadanos honestos de ese país. Apunta que esos organismos nunca defendieron los derechos de miles de víctimas. ni de los policías o militares muertos o asesinados a manos de ellos.
Estos puntos de vista de razonamiento pudieran entrar en los campos de la sociología, la psiquiatría y el derecho, para encontrar una explicación del por qué existen ciudadanos e instituciones, que defienden con tanto calor y pasión a los criminales, y con desinterés a las víctimas, mientras otros creen lo contrario.
Desde el punto de vista de la sociología, entendemos que los defensores de los criminales tienen ese comportamiento porque tal vez les tienen compasión porque los consideran víctimas del sistema, de las desigualdades sociales, de hogares disfuncionales, de la falta de políticas gubernamentales por resolver las causas que provocan su surgimiento, de la genética y hasta de la deficiencia de los sistemas carcelarios y judiciales.
Ahora bien, desde el punto de vista de la psiquiatría, entiendo que quizás las actitudes intransigentes de algunos de ellos, pudieran ser una variante del “Síndrome de Estocolmo”, que consiste en una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro durante el cautiverio, desarrolla una relación de simpatía por la causa de su agresor, que lo lleva a producir un fuerte vínculo afectivo con él y entender y hasta apoyar su causa.
También, es posible que algunos pudieran tener lo que yo llamo “el síndrome de Israel”, que consiste en que una persona o muchas personas prefieren más a Barrabás que a Jesús.
Desde el punto de vista jurídico, las personas y organizaciones que defienden los derechos de los perseguidos, tienen todo el derecho de expresar libremente sus pensamientos, ideas y creencias, debido a que están protegidos por el artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, otras leyes y convenciones, lo que sucede por igual en los demás países.
Los defensores alegan que sus planteamientos no son discriminatorios, ni procuran impedir que la lucha contra el crimen sea ineficaz, que no defienden delincuentes, sino personas, y que procuran un equilibrio de poder, para que se preserven las vidas humanas, sin importar que sean de delincuentes de las peores especies, y que los procesos judiciales sean justos.
Contrario a estas personas, hay quienes entienden que las autoridades deben ser duras con la delincuencia y los delincuentes, y que quienes merecen más protección, son las víctimas y no los violadores de la ley.
Otros tienen la creencia de que pareciera que los códigos están escritos para favorecer a los violares de la Ley, que los jueces creen que los delincuentes son inocentes aún se demuestre lo contrario y que delinquir es un derecho humano.
Sin duda este es un tema altamente dominado por las diferentes formas del comportamiento humano y las pasiones.
Yo particularmente creo en el respeto de los derechos humanos de todos, en particular los de las víctimas, que el crimen sin castigo es un fomento para más delincuencia y que las lágrimas de los padres, esposos, hijos, otros familiares y amigos valen y cuentan para todas las partes, pero sobre todo para los afectados por la violencia criminal.
Post data: El autor es periodista y abogado de la República Dominicana, y director del portar “libertaddeexpresión.net”.
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